Los Defensores del Pueblo han denunciado los problemas que actualmente tienen los discapacitados, enfermos mentales, menores e inmigrantes en situación irregular en los servicios de urgencias hospitalarias, tal y como queda recogido en el estudio ‘Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes’. El estudio, presentado este lunes, ha sido elaborado conjuntamente por las instituciones españolas de defensores del pueblo: Defensor del Pueblo; Defensor del Pueblo Andaluz; Síndic de Greuges de Catalunya; Valedor do Pobo (Galicia); Diputado del Común (Canarias); Ararteko (País Vasco); El Justicia de Aragón; Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana; Procurador del Común de Castilla y León y Defensor del Pueblo de Navarra.

Antes de ahondar en los pacientes, el informe critica que siga sin estar reconocida la especialidad médica de Urgencias y Emergencias porque, a su juicio, perjudica la atención que reciben los pacientes y hace que estos profesionales no tengan delimitado el alcance de sus competencias clínicas.

Además, prosigue, hace que los médicos residentes tengan que asumir un grado «excesivo» de responsabilidad en la actividad asistencial de estos servicios. Del mismo modo, el estudio señala que la formación de los expertos sanitarios sobre los aspectos éticos relacionados con la voluntad de las personas es «insuficiente» ya que, tal y como avisa, el consentimiento del paciente no siempre está precedido de la información «adecuada» para que éste pueda adoptar «libremente» una decisión sobre un procedimiento terapéutico o diagnóstico.

A todo ello se suma, según muestra el trabajo, el «alto contenido técnico» de algunos modelos para la prestación de consentimiento informado, lo que hace que la atención a personas discapacitadas se resienta. En este sentido, la Defensora del Pueblo destaca la necesidad de realizar documentos específicos para la prestación del consentimiento adaptados a las necesidades «especiales» de cada uno de los colectivos.

Asimismo, subraya la importancia de que los métodos de traje implantados en «buena parte» de los servicios de urgencias hospitalarias incluyan, en el caso de los pacientes pediátricos, personas mayores, enfermos mentales o discapacitados información «no estrictamente clínica» que ayude a la «mejor» asistencia a estos usuarios.

A este respecto, el informe advierte de que la atención a estos pacientes en las área de Urgencias requiere profesionales formados de manera «específica» en el trato y en los requerimientos asistenciales de cada uno de ellos. «Las personas con discapacidad, especialmente los afectados por discapacidades sensoriales, ven frecuentemente limitada su capacidad de interlocución en estos servicios, por la carencia de medios adecuados de comunicación. También, persisten carencias significativas sobre accesibilidad y disponibilidad de material adaptado», apostilla.

En el caso de las personas mayores, en el estudio se aboga por mejorar la coordinación entre los servicios de urgencias hospitalarias y los servicios extrahospitalarios para evitar la «innecesaria» polimedicación, y destaca la necesidad de imponer la identificación previa de las necesidades de estas personas para gestionar su atención sanitaria en los niveles «más próximos a su entorno».